Impuesto a la coima

El grupo californiano Marijuana Policy Project propuso una fórmula infalible para solucionar el déficit crónico de California: legalizar la marihuana.
La iniciativa se hizo pública a través de una publicidad televisiva que mostraba a una mujer, Nadene Herndon, que consume la droga luego de sufrir una serie de derrames hace tres años. En el spot ella decía: "En lugar de que nos traten como criminales (a los consumidores) por usar una sustancia menos dañina que el alcohol, queremos pagar lo que nos corresponde".
La idea, por extraña que parezca, no resulta tan irrisoria si se tiene en cuenta que un impuesto sobre la buena yerba permitiría a California recaudar la friolera de 1.000 millones de dólares anuales. Con ese monto, la provincia más poderosa del mundo resolvería su déficit en un santiamén.
Pero el concepto de cobrar impuestos no convencionales no es nuevo. El especialista en economía Miguel Ángel de los Santos Aires Martinetti propuso en la Argentina otro tipo de planteo, que por diferente no deja de ser similar.
En una carta enviada al Congreso, Martinetti ideó una serie de gravámenes sobre determinadas costumbres argentinas. A saber:
La coima: el primer párrafo del proyecto planteaba regular el cobro de coimas. Es decir, blanquearlo. Martinetti decía que el Estado debía aprovechar la inusual tendencia argentina a no respetar las leyes y crear una ley al respecto.
De acuerdo al texto, cada trabajador que se desempeñara en cargos de control de cualquier tipo debería adquirir por una módica suma un talonario especial, dedicado a las coimas. Al mismo tiempo, tendría que anotarse en un registro de coimeros discriminado por rango, tipo y ocupación.
Por ejemplo, si el ciudadano era un inspector municipal de espectáculos públicos, entonces debería inscribirse en el registro “coimeros espectaculares”, describir en su facturero cada vez que cobraba una coima y, una vez por año, declararlo ante la AFIP. Así, sostenía el especialista, el hombre blanquearía su irremediable tendencia a cobrar bajo la manga, no correría riesgos de ser castigado por ello y hasta podría competir, para fomentar la práctica en blanco, por un sorteo mensual de una moto scooter, de esas que hacen ruiditos cuando doblan, y un grabador MP3 portátil para registrar cada coima, en caso de que a alguien se una auditoría revise sus facturas.
La queja: otro aspecto del documento de Martinetti contemplaba la queja. La idea consistía en registrar legalmente una serie de frases quejosas típicamente argentinas y percibir un monto determinado previamente cada vez que una persona pronunciara cualquiera de ellas. Así, por ejemplo, podría registrarse la nunca bien ponderada “este es un país de mierda”, o “a los argentinos no les gusta trabajar”, o “estos negros de mierda sólo saben vivir de la teta del Estado” y cobrar por ellas.
El contralor se aplicaría a través de inspectores oyentes que saldrían a la calle y cada vez que escuchen alguna de estas frases percibirían de inmediato esta especie de multa al pobre desgraciado. Si el infractor decidiera no pagar, entonces arreglaría la correspondiente coima con el inspector, que estaría registrada debidamente, y todos felices.
El mecanismo tendría una doble ventaja, sostenía el especialista, porque obligaría a los puteadores a inventar nuevas frases para quejarse y así permitiría un aprendizaje más acabado del idioma y fomentaría el ingenio.
El proyecto de Martinetti contemplaba unas cuarenta posibilidades para ampliar la gama impositiva argentina, pero lamentablemente no fue tomado en cuenta. Poco después de presentar su iniciativa, un funcionario gubernamental le ofreció una buena cantidad de dinero que el economista aceptó y, tras pronunciar la frase “este es un país de mierda”, se fue a vivir a Europa, en donde comenzó a limpiar la mugre de los garages a los españoles y amasó una fortuna.