Pena de muerte

El avispero farandulesco (que más bien es un nido de víboras) y periodístico se regocijó por el dolor de Susana Giménez, quien tras la pérdida de un íntimo amigo pidió a los gritos la pena de muerte para los asesinos. Inmediatamente, viejas con ruleros, hombres de traje y decentes trabajadores se sumaron a un reclamo masivo: muerte para los asesinos.
Sin embargo, no tuvieron en cuenta que ellos mismos, y todos nosotros, podríamos ir presos si se votara una ley de ese estilo. Hagamos de cuenta que la Argentina vota efectivamente la pena capital para los homicidas. La norma, imagino rápidamente, diría que si en un juicio se demuestra que una persona mató a otra, la primera deberá ser sometida a una inyección letal, por ejemplo.
La ley echaría andar y las viejas con ruleros, los hombres de traje y los decentes trabajadores saldrían a las calles a celebrar su victoria, puesto que las autoridades por fin escucharon el pedido del ciudadano decente. La gente como uno.
Pero supongamos que luego de ejecutar a una persona acusada de asesinato caemos en la cuenta de que era inocente. En este caso, entonces, el juez que falló en contra del desgraciado, el fiscal que realizó la acusación y el policía que estuvo a cargo de la investigación del hecho deberían ser acusados de homicidio y, por lo tanto, condenados a la pena capital.
Y como el juez, el fiscal y el policía son empleados estatales, es decir, es el Estado el que le paga el sueldo, entonces todos los integrantes del Estado deberían ser juzgados como partícipes necesarios del asesinato. Porque si el Estado no les pagase el sueldo a estos incompetentes, entonces no se habría asesinado a un inocente. Y, pregunta retórica, ¿quiénes componen el Estado? Todos los ciudadanos de un país. Por lo tanto, los 40 millones de argentinos deberían ser juzgados y condenados a cárcel como partícipes necesarios de un asesinato.
Complicado, ¿no?