
Cada uno tiene su fórmula para referirse a los conflictos sociales, políticos o económicos. La mía, consiste básicamente en analizar el discurso de las partes involucradas y luego confrontarlas con la realidad. Es un mecanismo bastante sencillo, que tiende a simplificar el análisis de modo de hacerlo más comprensible para mis humildes neuronas.
Así, llegué a una conclusión reveladora: en la Argentina, el campo y el Gobierno mienten. Sí, aunque parezca increíble, ambas partes no dicen la verdad y, lo que es peor aún, pretenden transformar una puja de intereses del más alto nivel en una cuestión nacional, que nos incluye a todos. En ese macabro intento, plantean la cosa como una dicotomía: estás conmigo, o con ellos. No hay alternativa.
Pero a través de un humilde estudio discursivo es fácil darse cuenta de que estamos ante dos grupos históricamente antagónicos e históricamente poderosos, que poco tienen que ver con nosotros. Veamos.
Desde el primer día del conflicto, el Gobierno utilizó repetidamente la palabra redistribución. En efecto, las retenciones aumentaban para evitar la concentración de riqueza. El Gobierno funcionaría como una especie de Robin Hood moderno que les quita a los ricos para darle a los pobres. Lástima que la realidad indica lo contrario: la acumulación de riqueza es peor hoy, en la Argentina del renacimiento, que en 1998, en el país del retroceso. El fenómeno se disimuló por el efecto “ola”, según el cual si un país o región crece, todos sus estamentos sociales crecerán por decantación, aunque no en la misma proporción, claro está.
En cuanto al campo –palabra odiosa porque no define bien a los grupos que lideran la protesta. Poco tienen que ver Grobocopatel con el Mocase, pero elegí utilizarla porque así se reconoce al grupo sojero-, la falsedad discursiva consiste en una palabra clave: federalismo. Es la acepción más utilizada, seguida de “refundación nacional”. En resumen, nos quieren hacer creer que toda la movilización responde al deseo de hacer un país más justo, con un mayor protagonismo de las provincias. Como si se tratase de la vieja pelea de unitarios contra federales.
Es cierto que aún en nuestros días las diferencias entre el gobierno central y las provincias son aberrantes. Basta sólo con analizar los controles de precios y los subsidios para el transporte. En pocas ocasiones salen de la General Paz. Sin embargo, también es preciso recordar que los grandes grupos sojeros no son precisamente los llamados a tomar la bandera del federalismo. En los hechos, todas las reuniones entre la mesa de enlace (que representa a las cuatro entidades agrarias) y el Gobierno fracasaron porque los funcionarios rechazaron tratar el tema de las retenciones. Es decir, aceptaban negociar toda la problemática del campo, salvo la reducción del impuesto aduanero que desató la tormenta.
En base a esta circunstancia es sencillo detectar la falsedad del autodenominado campo: ni los pequeños productores, ni la situación de los tamberos, ni el dinero para las provincias, mucho menos discusiones como el peligro del monocultivo, el daño ecológico por la deforestación o el abuso contra los campesinos. No. El quid de la cuestión para el campo pasa por las retenciones. En otras palabras, por el dinero de las retenciones, una porción superior a los 2.000 millones de dólares (monto que representa sólo el aumento del nueve por ciento en el impuesto) que, pretenden, regresen a sus bolsillos.
Por lo tanto, desde nuestro lugar, ni Plaza de Mayo con Cristina ni cacerolas paquetas. Nosotros estamos al medio y nuestra exigencia debería relacionarse más a un plan serio de desarrollo que aproveche una coyuntura única en la historia (más favorable aún que la de la posguerra, en la época peronista) mediante el excedente que proporciona el precio internacional de los alimentos.